Sentencia A. 1907/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1907 DE 2025

 

Referencia: expediente ICC-5207

 

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia (Quindío) y el Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria (Valle del Cauca)

 

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. El 5 de noviembre de 2025, Luz Mery Wilches Lamprea y otros[1] presentaron –a través de apoderado judicial– una acción de tutela contra la Inspección de Policía y la Alcaldía Municipal de La Victoria, Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y propiedad privada[2]. Argumentaron que las accionadas emitieron decisiones en el marco de un proceso policivo de perturbación de la posesión del bien inmueble “La Esperanza”, ubicado en el municipio de La Victoria, que no tuvieron en cuenta que la acción policiva había caducado y que los accionantes eran propietarios y arrendadores –no poseedores– del predio objeto del proceso[3]. Los accionantes dirigieron su escrito a los jueces de Armenia, Quindío, y en distintas pruebas manifestaron que la señora Luz Mery Wilches Lamprea reside esa ciudad[4].

 

2.                 Declaraciones de falta de competencia. La tutela correspondió por reparto al Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia. El mismo 5 de noviembre, tal autoridad resolvió remitir el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria. Lo anterior, por considerar que en ese municipio se produjo la presunta vulneración a los derechos de los accionantes, pues allí se encuentra el predio “La Esperanza”[5]. El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria, autoridad que el mismo día declaró su falta de competencia, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corte. Sostuvo que el primer juzgado era competente para tramitar la tutela, pues los accionantes tienen su domicilio en Armenia[6] y, además, ese fue el sitio escogido a prevención por los accionantes para interponer la tutela[7].

 

II.              CONSIDERACIONES

 

3.                 Competencia. La Sala Plena considera que si bien el conflicto debió ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[8], esta Corporación es competente para resolver el presente asunto. Lo anterior, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo.

 

4.                 Factor de competencia territorial. La Corte Constitucional ha señalado que existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber: (i) subjetivo; (ii) funcional y (iii) territorial. Este último consiste en que, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el conocimiento de la tutela corresponde al juez del lugar donde se presentó o se producen los efectos de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Este lugar no necesariamente coincide con el domicilio de las partes^[9]. Ahora bien, en los casos en que ambas autoridades en conflicto sean competentes desde el factor territorial para conocer la tutela, se le deberá otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, en virtud del criterio «a prevención»[10].

 

5.                 Caso concreto. La Sala Plena considera que el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia es la autoridad llamada a resolver la tutela, por dos razones principales. Primera, porque tal autoridad es competente, desde el ámbito territorial, para conocer la tutela. Esto, porque es en Armenia donde se producen –parcialmente– los efectos de la presunta vulneración de los derechos de una de las accionantes. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente[11], los eventuales impactos de las decisiones adoptadas por las accionadas en el proceso policivo se proyectan en la ciudad de Armenia, lugar en el cual residen y se materializarían las presuntas afectaciones a los derechos fundamentales de Luz Mery Wilches Lamprea. Segundo, en cualquier caso, y habida cuenta de que ambas autoridades en conflicto son competentes para conocer el asunto desde el factor territorial[12], Armenia fue el sitio escogido a prevención por los accionantes para la presentación de la tutela.

 

6.                 En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 5 de noviembre de 2025, dictado por el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. Además, le advertirá al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996.

 

III.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 5 de noviembre de 2025, dictado por el Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia, en el marco de la acción de tutela promovida por Luz Mery Wilches Lamprea y otros en contra de la Inspección de Policía y la Alcaldía Municipal de La Victoria.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5207 al Juzgado 005 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia, para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. 

 

CUARTO. Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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